Las políticas de vivienda son una garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual.
Desde que estalló la crisis, hasta el día de hoy, el número de ejecuciones hipotecarias en todo el Estado español han superado las 400.000.
En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces,
soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.
Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.
Dado que la explosión de la “burbuja inmobiliaria” que sobrevalora la vivienda y que
afecta a muchas familias. Dado que la actual situación económica tiene, entre una de sus consecuencias más graves, la destrucción de la ocupación y por tanto la falta de recursos en las familias, muchas veces con las pérdida de su vivienda y una posterior deuda perpetua con las entidades financieras, con el consecuente embargo de nóminas, afectando a personas avalistas.
Dado que las entidades financieras se benefician de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, y realizan sobrevaloraciones en las tasaciones, así como que incluyen comisiones abusivas y límites a la bajada de intereses.
Dado que el artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que la Constitución exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Dado que más allá de la necesidad de cambios legislativos y medidas políticas y
jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico , no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS:
1. Declarar Arafo como municipio contrario a los desalojos de viviendas familiares
habituales o de primera residencia y aprobar el siguiente protocolo de actuación.
2. Solicitar al Gobierno del Estado que, mediante Decreto-Ley dictado con carácter
de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución
derivados de la ley hipotecaria y que afectan a viviendas habituales o que son
primera residencia para la unidad familiar.
3. Instar a Gobierno municipal a informar a las asociaciones vecinales, a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e invitará, cuando se considere
conveniente, a técnicos responsables para analizar la evolución del tema.
4. Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de
régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de
propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda
de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a
la entidad adquirente de la vivienda
5. Acordar con las direcciones de los bancos y cajas, la realización de un censo de
las viviendas vacías en Arafo, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.
6. Solicitar de forma expresa a las entidades financieras que operen en Arafo la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento.
7. Realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre sus derechos en los
casos de procesos judiciales de ejecución hipotecaria, y sobre sus derechos de
información delante de las entidades financieras.
8.Instar desde este Ayuntamiento al Gobierno del Estado para que, por razones de
cordura y de buena fe, reconsidere su postura acerca del Recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto –ley de la Junta de Andalucía
de 9 de Abril 2.013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda
9. Dar soporte como Ayuntamiento a todas las iniciativas, plataformas y espacios
de debate en defensa del derecho a una vivienda digna que se organicen en
nuestro municipio, destacando al propio tiempo el papel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de esta isla.
10. Trasladar estos acuerdos al Presidente del Gobierno de la Nación, al Ministerio
de Economía, al Ministerio de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso y
Senado y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
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