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jueves, 30 de mayo de 2013

POR UN PLAN DE CHOQUE EN SALVAGUARDA DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA


El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una  Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona  “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…».  Posteriormente el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del  “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”  sino también a  garantizar las  “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.

En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual  sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de  actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos.

Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda  provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida,  supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.

Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas.  Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.

Y mientras tanto  existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron  en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas  en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por  entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.

Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica  y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.

En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el  Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda,  ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado  y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema. 

Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el  Decreto andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca  y sociedades filiales e  inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.
Por todo lo cual, se eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.-   El Pleno del Ayuntamiento de Arafo insta al Gobierno de Canarias a la adopción de  medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley  6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno y al Parlamento de Canarias.

TERCERO.- Trasladar esta moción al Cabildo Insular de Tenerife y a la FECAM, solicitándose que se promueva su aprobación en su seno.

lunes, 27 de mayo de 2013

MOCIÓN POR UN PLAN DE AHORRO EN GASTOS DE RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO


Atendiendo a la existencia de varios créditos bancarios según se deduce de los presupuestos (con las entidades Santander,  BBVA y la Caixa) y que supone pagar 581.356,60 € de amortización y 268.870,12 € de intereses durante el 2013.

A la vista de la aprobación definitiva del presupuesto municipal y del destino  de más de 142648,71 € en Retribuciones de Altos Cargos y de 33523,86 € en retribuciones de personald e confianza.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por el Alcalde sobre la situación económica del Ayuntamiento de Arafo, considerándola "muy delicada",  asegurando  que la deuda contraída por el consistorio asciende a “más de 6 millones de euros” y que el año pasado "tuvimos que pedir más de 3,5 millones de euros”.  

Por todo lo cual, se eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.-   El Pleno del Ayuntamiento de Arafo aprueba la reducción en un 50 %  del  número de concejales liberados y del personal eventual de confianza.

SEGUNDO.-     Destinar el ahorro generado con la medida a las partidas  anterior a incrementar el fondo de ayuda de las emergencias sociales del municipio.





foto de eddc.net

sábado, 25 de mayo de 2013

MOCIÓN SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)


 
La política de  recortes y limitación de derechos en educación se pretenden justificar mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una reforma que, a nuestro juicio, atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
  • Es una reforma IMPUESTA, sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa.
  • Se plantea SIN RECURSOS, en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad.
  • Tiene un marcado enfoque MERCANTILISTA, pues supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco “útiles” para el mercado.
  • Es una reforma PRIVATIZADORA, que incluye a las empresas como parte del Sistema Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsidiario a la escuela pública, cosa que en Arafo hemos podido comprobar con los favores que el PP hace para la instalación de centro educativo  en manos privadas.
  • Es una reforma SEGREGADORA, pues restaura itinerarios que segregan desde los 13 años, devaluando la FP y convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.
  • Es una reforma ANTIDEMOCRÁTICA, pues suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración.
  • Es una reforma COMPETITIVA, pues promueve la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para obtener mayor financiación.
  • Es una reforma ADOCTRINADORA, pues potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica.
  • Es una reforma SEXISTA, pues permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros que la practican. Los padres son libres de elegir estos centros sexistas para sus hijos, pero con dinero público no se puede pagar una educación retrógrada, anticuada y que no permite la correcta sociabilización de los menores.

Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano.
No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.
Izquierda Unida en Arafo considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación pública de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender.
Para ello, es preciso una educación PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento. Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL E INCLUSIVA, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la orientación educativa, con una organización para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos. Una educación en IGUALDAD que no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la participación de toda la comunidad educativa. Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.

Por todo lo cual, se eleva al Ayuntamiento Pleno de Arafo los siguientes ACUERDOS:
  • Instar al Gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma a aumentar los Presupuestos para Educación Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos para alcanzar la media europea del 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
  • Exigir la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa.
  • Instar al gobierno central a debatir y alcanzar un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para mejorar la educación pública.
  • Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado.

viernes, 24 de mayo de 2013

PROPUESTA DE REGISTRO DE TIERRAS AGRÍCOLAS PARA FACILITAR LA PUESTA EN EXPLOTACIÓN.


El campo es un elemento fundamental de la política municipal, no solo por lo que la Agricultura y la Ganadería pueden aportar en sí, sino por lo que indirectamente influyen en el paisaje. La Agricultura es generadora, no solo de alimentos, sino de espacios de calidad ambiental y paisajística, que supone uno de los mayores atractivos turísticos de nuestro municipio.
Por ello, en Izquierda Unida en  Arafo consideramos importantísimo que el número de hectáreas cultivadas no siga decreciendo de manera alarmante. Creemos que la política agraria debe centrarse en evitar el abandono de los cultivos y en propiciar la ocupación de nuevas tierras. Todo terreno yermo, todo bancal abandonado o toda granja en ruinas, suponen un deterioro de la calidad paisajística, así como una pérdida de productividad y una menor autosuficiencia alimentaria. Además, en el contexto económico actual, se hace necesario potenciar la agricultura y ganadería ecológica, como una fórmula para aumentar las rentas agrarias y de contribuir a las maltrechas economías familiares.
Se debe crear una verdadera Oficina Municipal de Información y Asesoramiento al Agricultor, que se encargara del estudio de nuevos cultivos y variedades más rentables, del asesoramiento en los trámites para la obtención de ayudas y subvenciones, asesoramiento legal, elaboración de censos, colaborar en la trazabilidad de los productos, etc.
En relación a lo anterior es necesario que se proceda a establecer un censo de terrenos agrícolas no cultivados, con su situación jurídica y, sobre todo, con la voluntad de los propietarios de arrendar o ceder temporalmente. Se trataría de tener clasificados y bien delimitados aquellos terrenos agrícolas que no están cultivados pero que sus propietarios están dispuestos a arrendar o ceder para que se exploten y contribuir al desarrollo económico y paisajístico de Arafo. El Ayuntamiento puede actuar como intermediario y como garante patrimonial. Paralelamente, se crearía un censo de personas que puedan estar interesadas en cultivar terrenos para cultivar. 

Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS:
1­.- Crear un censo de terrenos agrícolas no cultivados, incluyendo su situación jurídica y la voluntad de los propietarios de arrendar o ceder temporalmente.   

2.- Crear un censo de vecinos en  cultivar estas tierras, a través del Servicio Canario de Empleo o de los propios Servicios Sociales Municipales. 

3.- Redactar y aprobar unas normas de funcionamiento de este Registro de tierras agrícolas que aporte seguridad jurídica a todos los agentes intervinientes. 

4.- Crear un servicio de asesoramiento a los nuevos agricultores con el objetivo de asegurar la viabilidad y durabilidad de sus cultivos, así como de maximizar el rendimiento de sus cosechas.

miércoles, 8 de mayo de 2013

“El Grupo de Gobierno debe dimitir en peso y dar paso a otras fuerzas políticas y sociales capaces de sacar del pozo en el que han metido al municipio”

“El Grupo de Gobierno debe dimitir en peso y dar paso a otras fuerzas políticas y sociales capaces de sacar del pozo en el que han metido al municipio”

Las declaraciones del actual alcalde de Arafo reconociendo una deuda de más de seis millones de euros y que desde IU advertimos que llegara a los siete millones a final de año, sin no se afronta de manera contundente la sangría económica que llevan las empresas privadas que gestionan los servicios de abastecimiento de agua potable y recogida de residuos sólidos y limpieza de calles del municipio. La privatización de estos servicios ha sido estrechar el lazo día a día en los bolsillos de los araferos/as, a los que se les va a socializar la deuda y la mala gestión económica del PP.

La deuda es superior al presupuesto anual y entendiendo que el presupuesto es muy ajustado, la luz no se verá al final del túnel si se continúa con la actual gestión.

La continua exculpación de J.J. Lemes no le exime de su responsabilidad durante esta vigente gestión y de la anterior legislatura menos, ya que fue Teniente Alcalde y hombre de confianza del anterior mandatario, ejerciendo de alcalde prácticamente en los dos últimos años de legislatura.

A principios de la actual legislatura la deuda era  bastante inferior a la cuantía que aporta públicamente  el alcalde, el actual grupo de gobierno a engordado en mas de dos millones y medio de euros la cuantía de la deuda que se aporto en las primeras sesiones plenarias de la vigente legislatura.

Desde IU entendemos que el PP agotó su ciclo y que es incapaz de solucionar los graves problemas económicos del municipio. Su política de asfixia a la población con las subidas de impuestos no ha sido suficiente para paliar sus desaguisados.

Recordar que en Arafo no ha gobernado otra fuerza política nunca y es el PP el responsable de que Arafo toque fondo y que con la más que posible aprobación de la Ley de Reformas de Administraciones Locales (Ley Anti-Ayuntamientos denominada por IU) el municipio será intervenido perdiendo toda posibilidad de ser autogestionado por lo araferos/as.

El PP es el responsable de esta posible quiebra técnica y por lo tanto deberían dar paso a gente que sean capaces de solucionar el futuro económico del municipio.

Desde IU exigimos la dimisión de este alcalde por incapacidad de gestión e incumplimiento de todo lo prometido durante la campaña electoral. Era consciente del grave estado de las finanzas y lo oculto a sus votantes y al resto de la población.

Desde IU nos cansamos de advertir la verdadera situación del municipio y la campaña de enmascaramiento del PP fue constante, ahora que públicamente reconoce el verdadero estado de las finanzas debe asumir su responsabilidad y darle paso a otras fuerzas políticas capaces de afrontar esta situación.