Más de la mitad de los vecinos llevan
dos semanas sin agua de abastecimiento debido a que las autoridades sanitarias
han hallado la presencia de bacterias. Esta situación no es nueva y ya se
producido otros episodios como en octubre del año pasado. Las quejas vecinales
han ido en aumento al ver como se prolonga este periodo en pleno verano y con
la única alternativa de camiones cisternas en dos puntos del municipio. El agua no es apta ni en la elaboración de alimentos.
Izquierda Unida pide la dimisión del concejal Benicio Ponte Lira Pestana, responsable con delegación especial para la gestión y control de empresas concesionarias. No podemos olvidar que si hay una competencia básica, elemental para los ayuntamientos es garantizar el suministro de agua potable a sus vecinos. Si se ha optado, como es el caso, por la gestión a través de una empresa privada como Aqualia, resulta más que evidente que la gestión y control sobre la misma falla de forma gravísima y reiterada, por lo que se deben exigir responsabilidades políticas.
Además se debe convocar de forma
inmediata a la comisión de seguimiento y control del
servicio, su función de fiscalización de la gestión del concesionario para el
correcto desarrollo de los servicios debe reflejarse en que esta situación no
le salga gratis y tenga las consecuencias por el incumplimiento muy grave en el
servicio.
Además los vecinos tienen derecho a conocer de forma exhaustiva los controles de calidad, el análisis de los componentes del agua y las medidas y garantías a adoptar para que esta situación no vuelva a reproducirse.
La prestación del servicio de agua con criterios de calidad, superando los actuales déficits y sin la búsqueda de lucrarse con este servicio esencial, son motivos más que suficientes para iniciar el proceso de rescate y municipalización o de mancomunar en manos públicas el mismo.
Se puede acudir a formulas de gestión pública de forma
Mancomunada de los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar, abaratando costes
y mejorando la eficacia.
Con el servicio en manos públicas se puede mejorar las
condiciones laborales de sus trabajadores, se puede establecer una ordenanza
que garantice un suministro a las familias con mayores necesidades, se
eliminaría la especulación entre el precio del agua que compran y el coste del
consumo, invirtiendo este ahorro en medias que garanticen la calidad.
En el abastecimiento del agua hay que sustituir los valores del beneficio económico de una empresa, por la generalización de un servicio vital básico de calidad.
En Arafo a 31 de julio de 2024.
COMITÉ LOCAL DE IU ARAFO.
