¿Qué pasa con las pensiones?
RAMÓN TRUJILLO, COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA EN TENERIFE Dentro de unos años, la crisis actual habrá pasado, nuestra renta por habitante será superior a la de 2007 y España será más rica que antes de la crisis. Sin embargo, habremos empeorado las pensiones públicas y habremos perdido derechos laborales y patrimonio público.
Cuando miremos hacia atrás y veamos la crisis actual en perspectiva entenderemos que la crisis fue también una batalla política. Que fue una batalla librada por los grandes partidos políticos contra los derechos de la ciudadanía. Que agitaron los fantasmas del miedo y la globalización y, además, proclamaron falsamente la ausencia de alternativas. De modo que, a medio plazo, lograron algo sorprendente: empobrecer a la ciudadanía de un país que se enriquecía, más allá de los reveses de la coyuntura.
Las pensiones públicas menguantes serán uno de los pilares del empobrecimiento impuesto a la ciudadanía. Se trata de aprovechar el miedo creado por la crisis para ir sustituyendo el gasto público en pensiones por gasto privado, aunque ello conlleve más desigualdades y una mayor tasa de pobreza entre jubilados. El objetivo es el aumento de las posibilidades de negocio de las entidades financieras, es decir, contratar más planes privados de pensiones gracias a la reducción de las pensiones públicas.
Nos dicen que gastamos mucho en pensiones y, sin embargo, destinamos el 7.9% del PIB a tal capítulo de gasto, frente al 10.9% que dedican los estados de la Unión Europea (UE). Tenemos el 92.7% de la renta por persona de la Unión Europea de los Quince, pero nuestras pensiones contributivas suponen el 68% de las suyas y las no contributivas el 46%. No es casualidad que España sea el segundo estado de la UE con mayor tasa de pobreza entre jubilados.
No nos dicen que el 10% más pobre de la población vive 10 años menos que el 10% más rico y que, por lo tanto, si se retrasa la edad de jubilación se discrimina a los que van a vivir menos años, con una pensión menor, en relación a los que vivirán más años, con una pensión mayor. Es más, como ha explicado Vicenç Navarro, vivir más años no implica envejecer más tarde. De hecho, sabemos que, por ejemplo, los estadounidenses que hoy tienen 20 años, aunque vivan más, envejecerán antes que quienes hace 10 años tenían la misma edad. Puesto que el envejecimiento no se retrasa, el alargamiento de la vida laboral muestra una profunda insensibilidad social.
Tampoco nos dicen que la masa salarial cada vez supone un porcentaje más pequeño del PIB y, por lo tanto, el monto de las cotizaciones tiende a reducirse en términos relativos. Los bajos salarios y la baja tasa de actividad femenina restan potencial recaudatorio a las cotizaciones. La sostenibilidad de las pensiones públicas, si dependen exclusivamente de cotizaciones, se vería favorecida por mayores salarios, la universalización de las escuelas de 0 a 3 años y de los servicios a la dependencia que, conjuntamente, favorecerían la mayor participación laboral de las mujeres y con ello se generarían cotizaciones adicionales.
Es más, nos ocultan que las pensiones se financian sólo con cotizaciones sociales en 8 de los 27 estados de la UE. Si algún día las cotizaciones fueran insuficientes para costear las pensiones públicas, se podrían complementar con recursos fiscales.
En suma, el desarrollo del estado del bienestar es la solución. El problema se halla en la apuesta por la desigualdad que reflejan los bajos salarios, el deterioro de las pensiones, la insuficiente capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal, el escaso desarrollo de las escuelas públicas de infancia y de los servicios de dependencia y, en general, nuestro bajo gasto público social en relación a la UE.
Cuando miremos hacia atrás y veamos la crisis actual en perspectiva entenderemos que la crisis fue también una batalla política. Que fue una batalla librada por los grandes partidos políticos contra los derechos de la ciudadanía. Que agitaron los fantasmas del miedo y la globalización y, además, proclamaron falsamente la ausencia de alternativas. De modo que, a medio plazo, lograron algo sorprendente: empobrecer a la ciudadanía de un país que se enriquecía, más allá de los reveses de la coyuntura.
Las pensiones públicas menguantes serán uno de los pilares del empobrecimiento impuesto a la ciudadanía. Se trata de aprovechar el miedo creado por la crisis para ir sustituyendo el gasto público en pensiones por gasto privado, aunque ello conlleve más desigualdades y una mayor tasa de pobreza entre jubilados. El objetivo es el aumento de las posibilidades de negocio de las entidades financieras, es decir, contratar más planes privados de pensiones gracias a la reducción de las pensiones públicas.
Nos dicen que gastamos mucho en pensiones y, sin embargo, destinamos el 7.9% del PIB a tal capítulo de gasto, frente al 10.9% que dedican los estados de la Unión Europea (UE). Tenemos el 92.7% de la renta por persona de la Unión Europea de los Quince, pero nuestras pensiones contributivas suponen el 68% de las suyas y las no contributivas el 46%. No es casualidad que España sea el segundo estado de la UE con mayor tasa de pobreza entre jubilados.
No nos dicen que el 10% más pobre de la población vive 10 años menos que el 10% más rico y que, por lo tanto, si se retrasa la edad de jubilación se discrimina a los que van a vivir menos años, con una pensión menor, en relación a los que vivirán más años, con una pensión mayor. Es más, como ha explicado Vicenç Navarro, vivir más años no implica envejecer más tarde. De hecho, sabemos que, por ejemplo, los estadounidenses que hoy tienen 20 años, aunque vivan más, envejecerán antes que quienes hace 10 años tenían la misma edad. Puesto que el envejecimiento no se retrasa, el alargamiento de la vida laboral muestra una profunda insensibilidad social.
Tampoco nos dicen que la masa salarial cada vez supone un porcentaje más pequeño del PIB y, por lo tanto, el monto de las cotizaciones tiende a reducirse en términos relativos. Los bajos salarios y la baja tasa de actividad femenina restan potencial recaudatorio a las cotizaciones. La sostenibilidad de las pensiones públicas, si dependen exclusivamente de cotizaciones, se vería favorecida por mayores salarios, la universalización de las escuelas de 0 a 3 años y de los servicios a la dependencia que, conjuntamente, favorecerían la mayor participación laboral de las mujeres y con ello se generarían cotizaciones adicionales.
Es más, nos ocultan que las pensiones se financian sólo con cotizaciones sociales en 8 de los 27 estados de la UE. Si algún día las cotizaciones fueran insuficientes para costear las pensiones públicas, se podrían complementar con recursos fiscales.
En suma, el desarrollo del estado del bienestar es la solución. El problema se halla en la apuesta por la desigualdad que reflejan los bajos salarios, el deterioro de las pensiones, la insuficiente capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal, el escaso desarrollo de las escuelas públicas de infancia y de los servicios de dependencia y, en general, nuestro bajo gasto público social en relación a la UE.
