Ante las preguntas del Concejal de IU en el último Pleno, el grupo de gobierno no supo que contestar. Pero este es un asunto que viene desde el año 2006 y fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a la forma y el fondo.
En cuanto a la forma porque el expediente era un cúmulo de despropósitos y disparates administrativos como reflejan los hechos de que el 27 de enero de 2006 los impulsores privados de esta iniciativa presentan la solicitud para la modificación del PGO para facilitar esta instalación en parte de un suelo rústico de protección agraria, en el barrio del Carretón, en el camino de la Molineta. El mismo día se emiten informes técnicos señalando numerosos deficiencias en la documentación. Sin embargo, y todo en el mismo día 27 de enero, el Alcalde (Domingo Calzadilla, siendo concejal de educación el actual Alcalde José Juan Lemes), dicta el Decreto 78/20006 ( se publica en el BOP nº52 de 7 de abril de 2006) aprobando inicialmente la modificación, cuando la competencia es del Pleno.
En cuanto al fondo porque si un suelo rústico es de protección agraria, es porque hay unos valores potencialmente productivos en ese suelo que son necesarios proteger y que no justifica la implantación de una macro instalación educativa de cerca de 15000 m² y un cambio de planeamiento de forma totalmente arbitraria. No se motiva ni justifica la eliminación en este paraje de los valores agrícolas no ocupados por la construcción y del medio rural, con esta instalación incompatible con su entorno.
Tal era el disparate, que ante el recurso que presentado por IU y el PSOE, los promotores solicitaron a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Ayuntamiento la renuncia al expediente.
Sin embarbo, al margen de los araferos, ahora vuelven a retomar la iniciativa con el amparo de un gobierno de canarias en funciones y el silencio cómplice del nuevo grupo de gobierno municipal.
Desde IZQUIERDA UNIDA nos comprometemos a volver a realizar un seguimiento del procedimiento y a denunciar la expoliación del suelo rústico de valores agrícolas y su entorno.
Desde IU apostamos por la defensa de la enseñaza pública de calidad y consideramos que la implantación de este complejo educativo privado solo traerá perjuicios para el colegio público de todos. Se limitará su capacidad de ampliación con ciclos de bachillerato y formación profesional, contará con menor apoyo municipal como se ha venido demostrado en el apoyo a esta iniciativa privada, que por otro lado solo traerá discriminación educativa y social a nuestro pueblo.
Frente a los que buscan beneficios haciendo negocio con la educación, nosotros nos posicionamos con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del colegio público que viene reclamando publicamente desde hace años mayor atención por los regidores públicos en la defensa de la educación pública.
Reclamamos a la nueva corporación y al nuevo Consejero de Educación del Gobierno de Canarias que se posicione públicamente ante este ataque a la educación pública de Arafo.
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