La actual crisis económica es consecuencia de un modelo productivo agotado e irreformable, desde el que es imposible resolver los grandes problemas sociales y medioambientales que sufre nuestra sociedad. El paro, la
precariedad laboral, la degradación del medio ambiente, la privatización de servicios básicos y los retrocesos democráticos, son elementos consustanciales al modelo imperante en Canarias y en el Estado español.
El crecimiento económico se ha basado en la moderación salarial, la precariedad laboral, el paro estructural y la intensificación del uso del suelo, la energía y el agua. Pero este modelo ha llegado a su fin por muchas ayudas que el gobierno destine a los bancos para que estos sigan con sus prácticas usureras.
Los trabajadores y sus organizaciones deben levantar su voz contra un sistema económico que nos conduce al paro y contra un sistema financiero que nos asfixia con créditos hipotecarios abusivos para poder acceder a una vivienda (a 35 ó 40 años, con tipos mínimos de interés, diferenciales sobre el Euribor, comisiones por cancelación,….), y todo ello para garantizar unos beneficios bancarios.
Si en el siglo XX los trabajadores se movilizaron y conquistaron derechos laborales en materia de jornada, derechos sociales, etc. Hoy se hace necesario un nuevo impulso y que los trabajadores se levanten en demanda de nuevos derechos, de lo contrario perderemos incluso aquellos por los que muchos lucharon antes que nosotros. No podemos renunciar a derechos consagrados bajo el pretexto de conservar los puestos de trabajo.
Hay que dar pasos firmes hacia la Huelga General , con una tabla reivindicativa concreta y alcanzable, para que los representantes políticos introduzcan las reformas a favor de la clase trabajadora. La crisis no la deben pagar los trabajadores sino que aquellos que la han creado, llevándose en estos años grandes beneficios. Es necesario un cambio de modelo productivo basado en el predominio de la inversión productiva y tecnológica, la reforma fiscal que produzca un reparto justo de la riqueza y la creación de una banca pública que acabe con los préstamos usureros de bancos y cajas de ahorro.
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