domingo, 11 de marzo de 2012

MOCIÓN DE IU DE ARAFO PARA EL PLENO DEL 4 DE ABRIL CONTRA LA REFORMA LABORAL INJUSTA CON LOS TRABAJADORES, INUTIL PARA LA ECONOMÍA E INEFICAZ PARA GENERAR EMPLEO.

El pasado sábado día 11 de febrero el gobierno de Rajoy publicó una nueva reforma laboral (Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo), la más regresiva de la historia democrática en España. Una reforma que significa un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales en nuestro país.

Los poderes económicos, a cuyo servicio parecen estar los gobiernos europeos, saben que estas reformas laborales no van a crear empleo, pero intentan que en la futura salida de la crisis, los derechos laborales sean menores para que en el reparto de las plusvalías futuras, algunos empresarios consigan más parte del pastel.

Saben también los poderes económicos que rebajar el poder de compra de la mayoría de la población va a disminuir el consumo y por tanto habrá más paro. Ese no es el camino, como indican varios premios Nobel de economía.

Aumento del paro, más despidos, menos salarios, recortes de derechos, empleo basura y cargar la crisis exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores, esta es la crónica apretada de la reforma laboral impuesta por el Gobierno de Rajoy. Todo esto con una clara estrategia de que la factura de la recesión económica la paguen los de abajo, caminando peligrosamente hacia los 6 millones de parados en España y más de 350.000 en Canarias.
El decreto ley de reforma laboral del gobierno del PP supone un gravísimo paso atrás en los derechos laborales y la agresión más contundente al Derecho del Trabajo en la etapa democrática de nuestro país. Nunca ningún gobierno se había atrevido a tanto, porque dictan el progresivo desmantelamiento del modelo de relaciones laborales constitucional.
Los trabajadores se quedan con este sablazo despojados de sus derechos, teniendo una negativa incidencia en la distribución de la renta nacional, ya que al empresario le bastará con alegar "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción" para rebajar salarios unilateralmente. La economía española puede entrar así en una peligrosa  espiral de guerra de salarios a la baja, utilizando como coartada la competencia futura.
El contrato indefinido ordinario, de 45 días de indemnización por año trabajado, y el propio concepto de despido improcedente desaparecen. Se asienta la idea de que el despido será procedente, como regla general, es decir que solo tendrá 20 días de indemnización por año trabajado (frente a los 45 días anteriores) y se facilita que la única vía como respuesta a la crisis sea la destrucción de empleo.
Este Decreto, suprimiendo la autorización administrativa de los EREs, no solo descausaliza los propios despidos colectivos, sin velar porque esa causa sea cierta, sino que además supone una reducción considerable  del coste del despido y por tanto de la indemnización. Estas medidas provocarán el efecto de reforzamiento de la rotación en el mercado de trabajo, con el debilitamiento de la estabilidad en el empleo y el reforzamiento de la dualidad, desnaturalizando la figura del periodo de prueba, que  se puede prolongar hasta un año.
Además la universalización de los mecanismos de descuelgue de los convenios colectivos puede provocar una nada aconsejable desarticulación de nuestro sistema de negociación colectiva, provocando cláusulas de descuelgue que permitirán que las condiciones laborales tendrán que ser negociadas casi siempre desde cero y abriendo el conflicto como única salida para los trabajadores, poniéndose fin a la paz social.
A partir de ahora, también el sector público podrá invocar causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para despedir, abriéndose paso a la inédita figura del desmantelamiento de la Administración Pública a través de los despidos de su personal.
En materia de movilidad geográfica y funcional también se amplía el poder unilateral del empresario, se reduce el papel de la Autoridad Laboral y el control judicial y no se incrementa la participación de la representación de los trabajadores.

                Especial trascendencia tiene esta modificación, en tanto que suprime la prórroga de los convenios y sólo la mantiene, salvo pacto en contrario, dos años tras su finalización. Terminado este periodo sin alcanzar acuerdo o sin un laudo arbitral que lo sustituya, se aplicará el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. Esto conlleva la individualización de las condiciones de trabajo.

Pero esta reforma es mucho más que un recorte de los derechos laborales. Va más allá de la rebaja en el coste del despido o el despido libre sin paliativos: aprovecha  de forma indecente la vuelta de la recesión económica, para hacer pagar a quienes tienen un trabajo todos los efectos de la crisis, y dibuja un futuro incierto para los parados, que ya no tendrán posibilidad alguna de encontrar un empleo con derechos.
El Gobierno del PP admite que no se trata de generar empleo, ante las evidencias de que lo único que va a suponer es la destrucción del mismo, lo que persigue es desmantelar sin más el Derecho Laboral en nuestro país, con todas las consecuencias.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes, ACUERDOS:

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Arafo proclama su rechazo a la reforma laboral publicada el 11 de febrero de 2012, y en general a los recortes no negociados de derechos sociales.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Arafo solicita que se convoque la mesa del diálogo social para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y económicos para reorientar la reforma laboral, para que impulse la contratación verdaderamente estable y de calidad; para asegurar la incorporación al mercado laboral de trabajadores en paro y dar pasos en la dirección
de transformar nuestro modelo productivo.
TERCERO.-  El Pleno del Ayuntamiento de Arafo rechaza las disposiciones legales con las que se facilita el desmantelamiento de los servicios públicos con el despido y los expedientes de regulación de empleo  en la Administración Pública, así como las reformas unilaterales de la negociación colectiva precarizando los derechos, rechazando en consecuencia su aplicación en el marco del Ayuntamiento de Arafo.
CUARTO.-     Este Pleno acuerda dirigirse al Gobierno de Canarias, para solicitar que por dicha Corporación se proceda igualmente a la no aplicación de dicho Decreto en su plantilla, e igualmente dar traslado de la presente moción a la FECAM, a la FECAI y a la FEMP para invitarles a adoptar una iniciativa similar.
QUINTO.-      Este Pleno acuerda publicar dicho acuerdo en los medios de comunicación.


                                      Izquierda Unida- Arafo.


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