El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…” definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía.
La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros.
En Arafo esta previsto que en el 2014 se pague solo en intereses de los siete préstamos que aparecen en el presupuestos la cantidad de 289.465,69 €, incluidos más de 51000 € en intereses de demora. Junto a las amortizaciones, en este paquete de deuda pública se gastarán 1.099.410,67 €. No podemos permitir que el dinero que sale de los impuestos que pagan todos los vecinos, que debe ir destinado a la mejora de los servicios públicos, termine en los saldos de beneficios de la gran banca por intereses abusivos.
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios.
El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores.
Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una transferencia sin contraprestación hacia el sector bancario.
Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo.
Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras.
Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 “Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas “y” Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales“.
Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra del interés general de la población.
En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad.
Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS:
1º- El Pleno insta al gobierno municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima.
2º.- Instamos al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.
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