Presupuestos participativos
y transparentes. En cuanto al proceso de elaboración de estos Presupuestos, aunque hay avances
respecto a otros años al darnos copia de los mismos con mayor antelación, tras
las repetidas quejas en tal sentido, no se han generado cauces de difusión y
explicación, ni de trabajo previo y
participación de los Grupos Políticos.
Se
hace necesario políticas activas de participación que pasan por la explicación
del anteproyecto del equipo del gobierno y de los datos económicos financieros
de la Corporación necesarios para debatir en profundidad y plantear las mejores
alternativas a un documento de la complejidad de unos presupuestos municipales.
Sin estos procesos previos, que no se resuelven con darnos los presupuestos
unos días antes de la comisión informativa, se genera un claro déficit de
democracia real.
Hay
que incorporar a las grandes y las pequeñas decisiones a las personas
afectadas, directa o indirectamente, y, en general, a la ciudadanía que debe y
puede sentirse responsable de las decisiones y no un simple instrumento pasivo.
En
este sentido la democracia también significa una distribución del poder. Los
presupuestos participados lo que pretenden realmente es que los ciudadanos
sepan de donde provienen los ingresos de nuestros municipios y sean capaces de
decidir sobre las prioridades de las inversiones públicas, calculando las
consecuencias sociales, urbanas y ambientales de las mismas, controlando su
ejecución y verificando efectivamente lo realizado. En definitiva unos
presupuestos participativos permiten la
participación en las decisiones de en qué se gasta o ingresan fondos, cuánto se
gasta y para qué se gasta.
El art 17,2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios
de Canarias, establece que para garantizar la eficacia del derecho de participación
de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las
bases de ejecución del presupuesto habrán de disponer lo necesario para
permitir que los vecinos, a través de las juntas de distrito, consejos de
barrio o sector, consejos de participación ciudadana o asociaciones vecinales,
puedan formular programas de necesidades vecinales valorados económicamente
que, una vez aceptados por el órgano correspondiente de los citados, serán
elevados al área de gobierno competente en materia de hacienda para su
consideración y, en su caso, integración en el presupuesto general de la
corporación.
Las
propias bases de ejecución establecen que este proceso debe darse en el mes de
septiembre, cosa que no ha ocurrido en
el presente caso. Y es que desde el citado mes habría tiempo para lanzar un
verdadero proyecto participativo y no solo formal.
Reclamamos
que se generen jornadas de difusión y explicación, facilitando la totalidad del
expediente, incluyendo las bases de
ejecución del presupuesto, anexos e informes de las unidades administrativas y
de intervención. Hay que dar ejemplo de transparencia difundiendo la
información de un documento clave en el desarrollo de toda la actividad
municipal.
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