Izquierda Unida presentará iniciativas en los municipios del Valle para mancomunar y rescatar servicios públicos locales.

Las Asambleas locales de IU de Candelaria, Arafo y Güímar celebran que ahora el Alcalde de Arafo reunido con el de Güímar y Candelaria se muestre favorable en declaraciones públicas a mancomunar servicios públicos en los tres municipios. Sin embargo, hasta ahora o bien actúan con indiferencia a estas propuestas o se han venido oponiendo de forma sistemática a las mociones e iniciativas que hemos venido presentando en tal sentido desde hace ya varios años en los tres municipios.

Desde IU queremos que de las declaraciones se pasen a los hechos y en tal sentido propondremos mociones para que en primer lugar las comisiones de seguimiento de los principales contratos (prestación del servicios de abastecimiento de agua y recogida de residuos) se reúnan y realicen una auditoria económica y de calidad de la prestación de estos servicios públicos ahora en manos privadas.

No se puede permitir que estas comisiones no tengan en la actualidad un papel protagonista en el seguimiento de estos contratos, y es que en muchos casos no se han reunido nunca, ni se han constituido, pese a haberlo solicitado expresamente desde IU. La realidad concreta es que los ayuntamientos se han desprendido y desentendido de estos servicios pasándolos a empresas privadas que son las que toman las decisiones sin ningún control democrático.

Asimismo propondremos que entre los tres municipios se configure una comisión con el fin de estudiar y proponer las opciones y plazos para mancomunar estos servicios, y otros como el del alumbrado público o el servicio de jardinería. Necesitamos un plan a medio plazo y no ir siempre por detrás de las renovaciones y prórrogas de contratos.

Nuestro objetivo final es el que a través de la mancomunidad de servicios públicos del Valle se pueda rescatar estos servicios públicos y prestarlos con fórmulas de gestión directa.

Una asunción directa de su prestación debe ir precedida de un análisis riguroso y exhaustivo que justifique la sostenibilidad y eficiencia del nuevo modelo, tanto desde un punto de vista estrictamente económico como en cuanto a los medios personales, técnicos y materiales que requerirá dicha nueva forma de gestión.

Los mecanismos jurídicos para llevar a cabo la remunicipalización, aunque mejorables, existen y están al alcance de los Ayuntamientos, por lo que la concienciación de nuestros poderes públicos y una valoración pormenorizada de las circunstancias de cada servicio en concreto serán claves para el éxito de esta nueva forma de concebir su prestación.

Hasta ahora estos servicios se presentan por empresas privadas que buscan su mayor beneficio con claros déficits en la prestación de los mismos (sirva de ejemplo los actuales cortes de agua del litoral de Agache o en la zona de las cuevecitas o los déficits generalizados de la recogida de residuos). Se debe poner límite y fin a la renovación de estos contratos y a sus prórrogas por ser lesivos a los intereses públicos. Los Ayuntamientos del valle deben ponerse manos a la obra en esta tarea y no hacer dejación de sus funciones en competencias municipales básicas.

Mancomunar servicios en el Valle de Güímar es una apuesta por el ahorro, por mejorar la calidad en su prestación aprovechando las condiciones geográficas del valle, la comunicación entre los tres municipios  y unir esfuerzos personales, materiales y económicos. También reforzaría a la plantilla con unas condiciones de trabajo dignas.

La estrategia de recuperación de servicios públicos, de la remunicipalización de los mismos, es un proceso que ya han iniciado muchos pueblos y ciudades que demuestran que el camino hacia un proveedor público es posible con mejor servicio y más ahorro para las familias.

           Que los servicios de competencia municipal estén en manos públicas significa sustituir los valores del beneficio económico de una empresa por la generalización de servicios básicos, por incluir valores medioambientales, por el control democrático de su gestión, por poner en valor la ética de lo público a favor de los intereses generales y colectivos frente a los particulares, y por la participación ciudadana en la toma de decisiones.