El deterioro de la
situación económica de los últimos años, con el consiguiente incremento del
desempleo, la bajada de salarios, el cierre de negocios - que afecta sobre todo
a trabajadores autónomos-, el recorte de ayudas sociales a colectivos sin recursos,
la incesante hemorragia de desahucios tanto de vivienda propia como de
alquiler, está provocando que una parte cada vez mayor se encuentre en riesgo
de exclusión social, sino directamente en exclusión.
Estas personas,
generalmente demandantes de ayuda social a su Ayuntamiento, se ven abocadas a
quedar excluidas de cualquier tipo de ayuda por encontrarse deudoras de los
tributos y tasas del consistorio.
Por otra parte, el riesgo
de anotaciones de embargo sobre vivienda habitual como contrapartida a las deudas
habidas con el Ayuntamiento, puede impedir llevar a cabo la dación en pago que,
en algunos casos, se consigue arrancar con mucho esfuerzo a las entidades
bancarias.
Debemos entender que,
siendo estas personas deudoras de buena fe, imposibilitadas para hacer frente a
sus deudas por su precaria situación económica, deben ser objeto de un
tratamiento diferenciado.
Consideramos urgente que el
Ayuntamiento se comprometa a buscar una solución individualizada e inmediata
para cada uno de los casos, teniendo en cuenta la naturaleza de las deudas y la
situación laboral y familiar.
Teniendo en cuenta todo lo
anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Plenos los siguientes acuerdos:
1.- Realizar un estudio
individualizado y su valoración por los Servicios Sociales municipales de todos
los casos solicitados por los vecinos que, siendo deudores de buena fe, no
pueden hacer frente a sus deudas con este Ayuntamiento.
2.- Ofrecer un plan de
reestructuración de deuda y un plan de pagos adecuado a las posibilidades de
cada caso, dejando sin efecto las anotaciones de embargo sobre la vivienda, así
como fraccionar las deudas en periodo voluntario o en ejecutivo, de forma que
puedan encontrarse al corriente de sus impuestos.
3.- Crear una línea de ayudas para
aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de sus impuestos y tasas
municipales.
4.- Desarrollar el acuerdo alcanzado
y ordenar su inclusión en las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
5.- Promover un protocolo de
actuación con el Consorcio de Tributos de Tenerife de acuerdo con lo expuesto
en el texto de la moción.
En Arafo,
a 1 de abril de 2016.
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